El paquete final de 2026
Los seis proyectos que se hicieron ley
Aprobaron la Lectura Final el 6 de mayo — firmados por el gobernador Green el 28 de julio. Juntos, transforman la manera en que Hawaiʻi protege a las comunidades inmigrantes, las familias y las personas sobrevivientes.
Restaurar los lugares sensibles
Lugares comunitarios protegidos
Para el 1/1/2027, exige que todas las agencias estatales y de condado que operan lugares comunitarios protegidos — escuelas, hospitales, tribunales, bibliotecas, refugios — adopten y publiquen políticas escritas: identificar áreas no públicas, establecer procedimientos de verificación de órdenes judiciales y de respuesta del personal, prohibir la recolección de ciertos datos sobre estatus migratorio y exigir capacitación anual y avisos multilingües. El Procurador General publica políticas modelo.
Por qué importa: Las personas deben poder acceder a la educación, la atención médica, los servicios de emergencia y los tribunales sin miedo. Esto restaura protecciones perdidas a nivel federal y reconstruye la confianza en las instituciones públicas.
Acuerdos de no cooperación
No al 287(g) — Límites a la cooperación local-federal
Prohíbe que cualquier agencia u oficial del orden público celebre un acuerdo federal (como el 287(g)) que permita a las agencias estatales o de condado participar en la aplicación de la ley migratoria, y prohíbe ciertas acciones relacionadas con inmigración salvo en circunstancias limitadas.
Por qué importa: Los programas 287(g) llevan a perfiles raciales, detenciones ilegales y miedo a la policía. Terminar con la delegación mantiene los recursos locales enfocados en la seguridad comunitaria.
Ley TRUTH
Derechos bajo custodia
Exige que las fuerzas del orden estatales y de condado notifiquen a toda persona bajo custodia sobre sus derechos antes de que pueda comenzar cualquier entrevista con autoridades federales de inmigración sobre violaciones migratorias civiles — y convierte en registros públicos los registros de acceso de inmigración federal a personas detenidas.
Por qué importa: Nadie debería ser interrogado por las autoridades de inmigración sin entender sus derechos. El consentimiento, el acceso lingüístico y la transparencia son principios fundamentales del debido proceso.
Sentencias justas
Tope de 364 días para delitos menores
Limita la pena máxima de prisión por delitos menores que no sean crímenes violentos a 364 días, y permite que personas previamente sentenciadas a un año por delitos no violentos soliciten la reconsideración de su sentencia.
Por qué importa: Un solo día adicional puede activar la detención obligatoria o la deportación bajo la ley federal. Esto promueve sentencias proporcionales y previene la separación innecesaria de familias.
Certificación de visas U y T
Para sobrevivientes de delitos
Establece requisitos estatales uniformes para las certificaciones de visas U y T para víctimas de delitos no ciudadanas, en consonancia con la ley federal — cada entidad certificadora estatal y de condado debe adoptar una política y un proceso alineados, oportunos y transparentes.
Por qué importa: Las personas sobrevivientes nunca deberían ser castigadas por buscar ayuda. Las políticas estandarizadas les permiten reportar delitos con seguridad y acceder a las protecciones garantizadas por la ley federal.
Acceso lingüístico
Programa de educación y fuerza laboral
Establece un Programa de Educación y Desarrollo de Fuerza Laboral en Acceso Lingüístico en la Universidad de Hawaiʻi — con puestos y fondos asignados — creando una cantera de intérpretes certificados para los servicios estatales en los idiomas más hablados de Hawaiʻi.
Por qué importa: El acceso lingüístico es acceso real. Una fuerza laboral de intérpretes capacitados convierte los derechos en papel en servicios que la gente realmente puede usar.
